En 2024 se contabilizaron 584 redes de calor y frío con biomasa, con una potencia total de 549 MW y una demanda térmica cercana a los 878 GWh anuales. Estas instalaciones abastecen a 42.425 viviendas en bloque y 1.448 unifamiliares, además de más de 4.200 edificios en total, y evitan la emisión de 248.000 toneladas de CO₂ cada año. Cataluña vuelve a liderar el crecimiento con 33 nuevas redes, seguida de Andalucía (9) y Castilla y León (5).
Pese a estos avances, la fotografía europea muestra un contraste notable. Según el informe Perspectivas y tendencias del mercado de DH&C de Euroheat & Power (2023), la calefacción urbana supone ya el 12% de la energía para calefacción y ACS en la UE, con más de 17.000 redes en funcionamiento que suministran calor a 70 millones de ciudadanos. España ni siquiera aparece en la gráfica: su cuota es residual.
“En España hemos conectado alrededor de 42.000 viviendas a redes con biomasa; una cifra muy pequeña”, advierte Juan Jesús Ramos, técnico de AVEBIOM y autor del informe. “Soria y Aranda de Duero, con un 20% de sus viviendas conectadas, son excepciones que se acercan a niveles de países centroeuropeos”.
Una infraestructura estratégica para la descarbonización
En el norte y centro de Europa, las redes de calefacción urbana se consideran un servicio básico: permiten aprovechar economías de escala, abaratar costes, estabilizar precios y reducir drásticamente las emisiones. Además, el uso de biomasa local añade seguridad de suministro frente a la volatilidad del mercado del gas natural.
Los países centroeuropeos han fijado objetivos ambiciosos para 2030: Francia planea sumar 215.000 hogares al año; Alemania, entre 300.000 y 600.000; y los Países Bajos, medio millón en total. En España, estima Ramos, un objetivo realista sería conectar entre 5.000 y 12.000 hogares al año, lo que permitiría llegar a unos 75.000 en 2030. “Pero sería claramente insuficiente para cumplir la Directiva (UE) 2023/1791 sobre eficiencia energética”, advierte.
Dónde focalizar esfuerzos
Juan Jesús Ramos identifica áreas prioritarias para acelerar el despliegue: grandes consumidores públicos como hospitales, centros penitenciarios, destacamentos militares, piscinas cubiertas y residencias de mayores; polígonos industriales con demanda térmica significativa; y zonas turísticas con alta densidad de hoteles y complejos con climatización de piscinas y spa.También resalta el papel tractor de los edificios públicos para arrastrar al sector privado en núcleos medianos y grandes.
Aunque las administraciones han incluido las redes de calor en planes estratégicos y normativas, las medidas realmente vinculantes son escasas. Castilla y León es pionera al obligar a conectar a una red todos los edificios públicos cuando sea posible. Por el contrario, otros programas como el Fondo de Transición Justa han tenido un despliegue limitado, y la reprogramación de fondos ha reducido algunas actuaciones previstas.
Las ayudas europeas del Plan de Recuperación han servido para ampliar redes existentes y poner en marcha nuevos proyectos —35,5 millones de euros concedidos en el Programa RENORED—, pero su impacto global en el número de redes sigue siendo modesto.