Desde 2014, el programa ha promovido la instalación de calderas de pellets con una capacidad total de 1.300 kW en las distintas sedes judiciales, que suman aproximadamente 24.000 m2. Como resultado, se ha logrado un ahorro económico que oscila entre el 30 y el 40%. Este cambio ha evitado el uso de más de un millón de litros de gasóleo para calefacción, lo que se traduce en una reducción significativa de las emisiones de CO2: más de 2.875 toneladas.